Dos funcionarios de la Consejería de la Presidencia recogieron, escoltados por dos agentes de policía, los 11 sobres con las actas de las reuniones del Gobierno, que se hallaban depositadas en un armario blindado en los juzgados de guardia de Sevilla, custodiados por la Guardia Civil. Las transportaron en bolsas hasta una pequeña furgoneta para trasladarlas hasta el palacio de San Telmo, sede la presidencia de la Junta.
En el acto de devolución han intervenido la secretaria del decanato de jueces y el secretario del juzgado que dirige Alaya, quienes certificaron su recogida por parte de representantes de la Administración autónoma, entre ellos, letrados de la Junta, informa Efe.
La juez Alaya considera que para su investigación necesita conocer las actas de los Consejos de Gobierno, toda vez que uno de los hechos de sus averiguaciones se centra en saber si hasta la mesa del Gobierno andaluz llegaron los reparos de la Intervención General de la Junta sobre el procedimiento seguido para tramitar las prejubilaciones de los ERE. El otro hecho que investiga es la presencia de intrusos o personas que cobraron sin tener derecho a ello dinero público al estar incluidos en los listados de prejubilados de empresas en crisis. Según la investigación interna de la Junta, 72 polizones, de un total de 5.982 trabajadores, recibieron de manera irregular las ayudas. También hay 111 personas cuya presencia en los ERE presentan dudas. El dinero defraudado asciende a nueve millones.
